Una escueta noticia de diez líneas en la esquina de una página interior del único periódico que circula en Colombia anuncia que el Consejo Nacional Electoral, en su leguleya sabiduría, acaba de retirarle la personería jurídica a la Unión Patriótica. Le faltan votos, dicen. Puede ser. Pero ¿el Consejo Superior Electoral, o como se llame esa cosa, no tiene en cuenta que todos los votantes de la Unión Patriótica fueron asesinados? ¿Y sus candidatos también?
Al mismo tiempo, páginas y páginas del único periódico que circula en Colombia se dedican a explicar por qué las AUC, las autodefensas paramilitares, pueden y deben legítimamente negociar con el gobierno, con la ONU, con los Estados Unidos, con la Unicef, con la Organización Mundial del Comercio, con la Iglesia Católica, y también, por supuesto, con el Consejo Jurídico Electoral, o como se llame esa cosa. Y nadie, ni en el único periódico de circulación nacional que circula en Colombia, ni en las revistas semanales, empezando por esta en la que escribo, señala que fueron esos mismos para-militares, en colaboración con las Fuerzas Armadas y ante la pasividad benévola de varios gobiernos sucesivos, quienes asesinaron uno tras otro a todos los candidatos de la Unión Patriótica, a todos sus militantes elegidos a algún cargo público -alcaldes, concejales, diputados, representantes, su único senador, sus candidatos presidenciales-, y a la mayoría de sus votantes. De los cuales, por consiguiente, no quedan suficientes para cumplir los topes mínimos exigidos por el Consejo Politiquero Electoral, o como se llame esa cosa.
Y no es sólo que nadie se escandalice ante semejante desvergüenza: es que a nadie se le ocurre ni siquiera registrarla. Sólo he visto al respecto una columna de opinión, en la revista Cambio, firmada por Lucho Garzón, el ex candidato presidencial del Polo Democrático, que fue (no sé si lo sigue siendo) miembro de esa Unión Patriótica minuciosamente exterminada y ahora ilegalizada por causa de su exterminio. Garzón es uno de sus pocos supervivientes, y no faltará quien diga con cinismo: "Claro: se queja porque la medida lo afecta directamente". Pero ¿es que ustedes creen que el exterminio de un partido político no nos afecta a todos directamente? Con su columna, Lucho Garzón salva el honor de los políticos, o por lo menos el suyo propio. Tal vez esta columna mía de protesta y de asco ayude a salvar el de los periodistas. Pero ¿quién salva el honor del Estado, representado por esa cosa que se llama no sé bien cómo, si Consejo o lo contrario de Consejo, si Superior o Inferior, si Electoral o Fraudulento, Fraudyuvante, Frau??
Así no se puede
Llevamos cincuenta años, desde que en este país se prohibió por plebiscito la existencia de la oposición política, escuchando a los voceros del Establecimiento, a los periódicos de circulación nacional, cuando había varios, a las revistas, a los políticos, a los gobiernos, a los Consejos del Fraude Electoral, llevamos cincuenta años oyéndoles decir que la oposición al sistema, si es que la hay pese a estar prohibida, debe manifestarse de manera civilizada, mediante la utilización razonable y discreta de los mecanismos democráticos. Los votos. No las censurables marchas de protesta, ni las huelgas irresponsables, ni las condenables pedreas universitarias. Y al que no vota como toca, o se presenta a elecciones para que voten por él en representación de intereses distintos de los del Establecimiento, ¡pum!, lo matan. Y, para castigarlo por estar muerto, lo privan de su personería jurídica. Sinceramente ¿ustedes creen que así se puede? ¿Usted, señor presidente Uribe? ¿Usted, señor ministro Londoño? ¿Usted, señor procurador Maya? ¿Usted, señor fiscal Osorio? ¿Ustedes, señores de El Tiempo, de Cambio, de SEMANA?
No. Así no se puede. Y es por eso que la oposición política ha quedado exclusivamente en manos de la guerrilla. Y la guerrilla, exclusivamente en manos de los secuestradores. Con sus métodos, la han secuestrado a ella misma.
Hago preguntas, pero no me hago ilusiones. Estoy seguro de que el gobierno del presidente Uribe, que se inmiscuyó con tanto ímpetu en la esfera del Poder Judicial para evitar que fueran liberados unos narcotraficantes que habían pagado sus penas fijadas por la ley, en este caso no va a decir ni mú. Respetará ahora sí, escrupulosamente, la independencia del Poder Electoral, representado por esa cosa que no sé bien cómo se llama.
Antonio Caballero
